¿Podemos seguir apostando a que más y mayor infraestructura es la solución para adaptarnos a los eventos extremos que produce el cambio climático? Nos parece que no, que basta con mirar lo que ocurre cada año en el paseo Av. Perú en Viña del Mar donde las marejadas destruyen la infraestructura cada vez más compleja y cara que el Municipio construye, y que nos demuestra que ya no es posible predecir el impacto de las olas.
En los últimos años se han intensificado los eventos naturales extremos que afectan las costas del país, sus ecosistemas, comunidades e infraestructura construida, y las proyecciones no son auspiciosas: aumento de la intensidad y frecuencia de marejadas, profundización de la sequía en la zona mediterránea de Chile combinado con eventos inusuales de lluvia y, como nos plantea el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), aumento del nivel del mar entre 0,5 y 1 m en los próximos 80 años. Para enfrentar estos fenómenos y aminorar sus impactos, es fundamental avanzar en las medidas de adaptación al cambio climático, para lo cual podemos contar -a su vez- con soluciones artificiales o construidas, y/o potenciar aquellas que provienen de las funciones propias de los ecosistemas.
Los humedales costeros, por ejemplo, no solo son eficientes en la captura de CO2 y, por lo tanto, en la mitigación del cambio climático, sino que junto a playas y dunas son el mejor aliado en la adaptación al cambio climático: absorben grandes cantidades de agua provenientes de marejadas y lluvias, evitando inundaciones y sirviendo de barrera natural de contención para las comunidades, a la vez que actúan como reservas esenciales de agua dulce en época de sequías. No hay infraestructura construida o gris que pueda equiparar sostenidamente dichas funciones, por lo tanto, cualquier proyecto que se asiente en zonas costeras debería evaluarse considerando el impacto que podría tener en ecosistemas adyacentes claves, como los mencionados, y el costo que tendrá en el futuro tratar de reparar la infraestructura verde desaparecida.
Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente dio a conocer el Atlas de Riesgo Climático (Arclim) del que se desprende que en el período 2035-2065, de todo el territorio nacional el Puerto de San Antonio es el que tiene el mayor riesgo de cierre de operaciones por mal clima. Ante este escenario, y ad portas de la reanudación del proceso de evaluación ambiental del proyecto Puerto Exterior, las autoridades portuarias han dicho que el riesgo que supone el factor climático frente a la operación del nuevo puerto, lo están abordando mediante la construcción de un rompeolas de 3.900 metros de longitud, es decir, infraestructura gris.
¿Podemos seguir apostando a que más y mayor infraestructura es la solución para adaptarnos a los eventos extremos que produce el cambio climático? Nos parece que no, que basta con mirar lo que ocurre cada año en el paseo Av. Perú en Viña del Mar donde las marejadas destruyen la infraestructura cada vez más compleja y cara que el Municipio construye, y que nos demuestra que ya no es posible predecir el impacto de las olas. Por otro lado, cabe preguntarse si acaso estas mega infraestructuras construidas como herramientas de adaptación al cambio climático, no terminan afectando, o derechamente destruyendo, ecosistemas claves para cumplir esa misma función (y muchas otras), como son las playas, dunas o humedales costeros.
Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente dio a conocer el Atlas de Riesgo Climático (Arclim) del que se desprende que en el período 2035-2065, de todo el territorio nacional el Puerto de San Antonio es el que tiene el mayor riesgo de cierre de operaciones por mal clima
Viene al caso referirse a lo que ocurrió en la playa del balneario de Huanchaco cerca de Trujillo, en Perú. Hace dos años la prensa local difundía la noticia sobre la erosión de aproximadamente 106 kilómetros de playa, provocada por la existencia de 1.050 metros de enrocado o molo del puerto de Salaverry. Éste, afirmaban, habría retenido 90 metros cúbicos de arena que debió pertenecer a ésa y otras playas del sector. Sin arena que ayude a retener el oleaje anómalo (como los mismos habitantes lo calificaban) que entonces comenzó a presentarse, el agua llegó directo a los ecosistemas costeros de valor y a las comunidades locales, impactando todo su sistema de vida. Las autoridades, entonces, prometieron grandes inversiones para devolverle la arena a las playas.
Volviendo al caso del Puerto Exterior de San Antonio, para saber si el molo de casi 4 kilómetros de largo tendrá o no impacto ambiental en la zona costera y si expondrá o no a los habitantes de las comunidades a un mayor riesgo ante desastres naturales, su evaluación ambiental debe incorporar información contenida en estudios actualmente disponibles para, por ejemplo, definir el impacto en la geomorfología costera o modelar los impactos del cambio climático sobre la costa chilena. Sin embargo, el proyecto presentado a evaluación no la incluye. Nos referimos, por ejemplo, a la información expuesta en el estudio “Determinación del riesgo de los impactos del Cambio Climático en las costas de Chile” del MMA, finalizando en octubre de 2019, que verifica la condición de erosión costera que tienen los litorales arenosos del país, entre los cuales la ensenada de Santo Domingo presenta una de las tasas más altas.
Los eventos naturales extremos seguirán azotando nuestras costas en proporciones que no podemos conocer, y la evidencia es clara en señalarnos que, a largo plazo, la infraestructura verde es la solución. Sin duda, en términos generales tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático pueden contar con una matriz combinada de soluciones basadas en infraestructura gris y de soluciones basadas en la naturaleza (SBN) o infraestructura verde, pero los costos y externalidades de las primeras (la infraestructura gris) no pueden caer sobre las segundas, es decir, sobre los ecosistemas. Por lo tanto, si el proyecto Puerto Exterior de San Antonio no cuenta con los más altos estándares ambientales, debe reformularse hasta que pueda asegurar que los ecosistemas adyacentes mantendrán su capacidad actual de cumplir su rol esencial a la adaptación al cambio climático.